Hizo bien el gobierno en encarar el tema de la necesaria readecuación de las tarifas de los servicios públicos. Los subsidios explican casi el 5% del déficit público sobre PBI y, por lo tanto, buena parte de la expansión monetaria sin respaldo y de la consiguiente inflación que padecemos los argentinos. Tres puntos porcentuales del déficit se originan en los subsidios energéticos. Una herencia pesada del kirchnerismo que dejó al país sin energía.
La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia por la cual no avaló la decisión del Poder Ejecutivo que ordenaba el aumento tarifario del gas disparó interpretaciones, que pueden reunirse en dos grupos. Entre los que apoyan el fallo están los que sostienen que el gobierno actuó con soberbia, o con ignorancia o con viveza al tratar de sortear la obligación de la ley de realizar las audiencias públicas. Enfrente, se concentran los que defienden el accionar de la administración bajo el pretexto de que esa decisión es legal y legítima y absolutamente necesaria y urgente considerando el grave estado de los servicios públicos.
Los análisis posteriores se han concentrado mayoritariamente en evaluar el impacto del fallo judicial y de los caminos que se abren a futuro.
En este artículo exploramos algunas hipótesis sobre el sistema de decisión que utilizó el presidente Macri para manejar y sostener su decisión, el tipo de información que tuvo en cuenta para tomarla y su estrategia de comunicación.
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I.
La explicación de lo que pasó hay que ir a buscarla al interior del gobierno, en la mesa chica que rodea al Presidente. No hubo restricciones institucionales salvo la que impuso el máximo Tribunal con su resolución que, como se sabe, forma parte del sistema de pesos y contrapesos propios de las democracias modernas.
El gobierno tampoco ha encontrado problemas de gobernabilidad. En general, la oposición acompañó en el Congreso las iniciativas principales del Poder Ejecutivo. Como contraprestación, los gobernadores están bastante satisfechos por los adelantos que reciben del Tesoro de la Nación.
Volviendo al tema que nos ocupa, es posible que el gobierno haya evitado convocar a las audiencias públicas para habilitar el aumento de las tarifas de gas para no exponer su decisión al escrutinio público. Primó la lógica de la comunicación por sobre la gestión. Se trató de una estrategia más que de una omisión, de acuerdo con la confirmación que obtuvimos de fuentes calificadas que rodean al Presidente.
En la visión de los comunicadores del gobierno, las audiencias públicas hubieran provocado un debate abierto y la discusión sobre la política oficial en materia de servicios públicos. De esta manera, el gobierno propició una comunicación centrada en brindar información genérica a partir de mensajes unidireccionales, evitando posibles devoluciones o reacciones que hubieran provocado intercambios indeseables y, con ello, la división de las opiniones en este tema. El paradigma sostiene que hay que informar, no explicar, ni debatir.
Lo llamativo es haber supuesto que esta estrategia tendría éxito, sobre todo luego de que los medios dieran a conocer numerosos casos en los que el monto de la facturación superaba ampliamente el tope del 500% anunciado previamente por el gobierno.
El segundo factor explicativo del resultado fue la decisión oficial de poner como vocero a Juan José Aranguren. Dicha elección se basó en el supuesto de que el ministro, al conocer el tema, sería el más indicado para comunicarlo. No se tuvo en cuenta cómo comunica Aranguren.
El ministro venía de acumular en muy poco tiempo un dilatado historial: había apelado al método del ensayo y error para justificar algunos tropiezos; y declaró que debía cumplir con una planilla Excel al avanzar en un nuevo aumento de los combustibles. Suponemos que un aprendizaje que sumará el gobierno es discernir entre el que sabe de un tema sensible y el que puede comunicarlo correctamente.
La decisión de poner a Aranguren en la primera línea de la batalla mediática se relaciona con la opinión del Presidente. Macri valora sobremanera a su ministro. Lo considera un empresario exitoso, que sabe mucho de su tema y cuya gestión sólo está orientada a resultados. Destaca en él que no le gusta la política, que no hace concesiones, que es honesto, que no es político y que carece de emociones que lo distraigan de su deber. Algunos compañeros de gabinete lo denominan “el tecno-racionalista”.
Por su parte, los responsables de la comunicación del gobierno apoyaron la decisión de instalar como vocero a Aranguren creyendo que evitarían exponer a Macri en un tema altamente conflictivo. Tuvieron razón: mientras que la imagen positiva del Presidente oscila en torno del 50%, la de su ministro es superada ampliamente por la imagen negativa.
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II.
La estrategia del gobierno también fue modelada por la calidad de la información que manejó la mesa chica.
Macri decidió avanzar en su plan porque interpretó que la opinión pública aceptaría el tarifazo sencillamente porque las encuestas mostraban que había consciencia social de la necesidad de actualizar las tarifas. No se consideró que la población podría estar de acuerdo con ese enunciado general y, al mismo tiempo, oponerse a tener que pagar aumentos que consideraba excesivos, más aún si superaban groseramente el tope que se había anunciado.
Además, de acuerdo con algunas filtraciones, el gobierno sostiene haber recibido indicios de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia avalaría su posición; enfrente dicen lo contrario.
Esto explica porqué el gobierno dejó “la solución” del problema en manos del alto Tribunal (recordemos que el Poder Ejecutivo prefirió recurrir a la Corte en vez de darle una solución política). De esta manera, no solo quedaría resuelto el problema, sino que el costo político por autorizar el tarifazo recaería en el alto Tribunal.
El gobierno desplegó una amplia campaña de comunicación destinada a legitimar políticamente una decisión favorable de la Corte Suprema que daba por segura y que finalmente no fue, al instalar la idea de que no sería posible una resolución adversa del Tribunal debido al caos y al mayor déficit e inflación que ella provocaría.
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III.
El caso que nos ocupa es interesante porque deja traslucir algunos límites que se impuso el propio gobierno. La comunicación, tan importante para la política y para la gestión, a veces resulta insuficiente. Esto sucede cuando la comunicación es puesta por arriba de la gestión pública, o cuando se la utiliza para ganar tiempo con la esperanza de que los mensajes gubernamentales finalmente confluirán con los resultados que muestre la administración.
Recordemos que el detonante no provino de la comunicación, sino de la gestión. El Ministro Aranguren incumplió el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los gobernadores –que tuvo al ministro del Interior, Frigerio, como el principal garante- por el que se estableció un tope en el aumento de las facturas de gas; las boletas llegaron con subas mucho mayores. De esta manera, se encendió un debate creciente que no pudo ser controlado. Y la comunicación, divorciada ahora de los resultados de la gestión, en vez de moderar de la situación, la empeoró. El Presidente sostuvo a su Ministro de energía.
A favor de los comunicólogos oficiales, digamos que siempre resulta muy difícil comunicar con éxito un tarifazo.
Sin embargo, no resulta claro porqué el gobierno evitó instalar a través de una campaña de comunicación que la necesaria adecuación de las tarifas de los servicios públicos demandaría años. Más aún, los voceros oficiales generaron confusión con declaraciones contradictorias: mientras que el Ministro de Hacienda sostenía que no habría nuevos aumentos a los ya anunciados, su colega de Energía profetizaba que se repetirían este año y el próximo; sólo más tarde Aranguren tuvo que desdecirse.
En el plano de las expectativas, este resultado golpeó al relato oficial centrado en la idea del “segundo semestre”, afectándolo seriamente. Este es un tema mayor en la estrategia comunicacional del gobierno porque lo obligó a sacar el foco que había puesto en el futuro. En efecto, las discusiones públicas sobre las tarifas tendrán como ancla la revisión del pasado y del presente, justo lo que el Presidente quería evitar, postergando por unos meses la promesa de que “lo mejor está por venir”. Como el “semestre” es la unidad de tiempo elegida por el gobierno para marcar el límite entre el pasado decadente y el futuro promisorio, ahora se habla de que el quiebre entre estos dos momentos llegará en el primer o en el segundo semestre del año próximo. Un retraso inesperado.
En síntesis, este caso nos permite dilucidar algunas características del sistema de decisiones de la mesa chica del gobierno: poner la comunicación por arriba de la gestión; informar evitando el debate; mantener un sistema de comunicación informal y radial con el Poder Judicial, con interlocutores no oficiales ni legitimados por ambas partes; no aplicar a los funcionarios un sistema de premios y castigos de acuerdo con sus resultados en la gestión.
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IV.
Es acertada la decisión que ahora tomó el gobierno de enfrentar el próximo debate en las audiencias públicas con un equipo que integre comunicación y gestión, y que ambas vayan en la misma dirección. La primera tendrá un rol decisivo. Es posible que a la luz de los resultados, deba incorporarse también un equipo que agregue visión política y capacidad negociadora.
Otro de los aprendizajes que seguramente el gobierno pondrá en práctica es la de optar por un vocero que comunique bien.
Por otra parte, el gobierno deberá encarar el nuevo proceso atendiendo a una de las mayores premisas de las democracias abiertas: que las decisiones públicas de trascendencia que afectan a muchas personas por mucho tiempo no pueden evitar el debate; los debates republicanos permiten su legitimación.
Finalmente, ahora el gobierno deberá profundizar en su política de servicios públicos, porque será sometida al escrutinio de todos. En las audiencias se correrá el velo de secretos que se guardan hace décadas como, por ejemplo, los costos y precios reales; cuánto de la recaudación son impuestos, cuánto son gastos y cuánto inversión; cuál es el plan de inversiones y cómo se financiará; cuál es el plan de adecuación tarifaria y cómo se extenderá en el tiempo; cuál debería ser el precio del gas en boca de pozo; cuáles son los subsidios cruzados entre regiones y cuáles por tipo de consumidores; etc. Habrá sorpresas, como la victoria del gradualismo y la diferenciación de aumentos por segmentos poblacionales.
La Corte Suprema devolvió el tema, la rueda vuelve a girar. El gobierno tiene que aprovechar la oportunidad del debate que se inicia para lograr los consensos necesarios que abran el camino a un sistema de servicios públicos sustentable que facilite el desarrollo del país. De esta manera, podrá convertir un traspié en éxito.
Como diría Borges, “al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías…”