Subsidios, jubilaciones sin aportes, empresas públicas deficitarias, planes y planes y planes sociales. Esta pelota de gasto público es lo que hace que la Argentina tenga un déficit fiscal crónico, que es el culpable de que la catarata de inversiones que algunos esperaban como algo automático con el triunfo de Cambiemos sea, por ahora, una llovizna tenue. Argentina sigue siendo el país con los impuestos más elevados del mundo, inflación estructural y alta conflictividad sindical y laboral. El lastre de un Estado insostenible es la causa de la frustración de la Argentina, que pasamos de ser el séptimo país más próspero del mundo a uno del pelotón del medio, incluso en la comparación con otros países de la región.
Los subsidios están bajando algo, y con buena gestión también podrá bajar un poco el déficit de las empresas públicas. Y ahí se acabó el combate al gasto público que está haciendo el gobierno de Cambiemos.
Una pequeña batallita al lado del mayor problema que tiene la Argentina: un Estado totalmente sobredimensionado, que durante los años del kirchnerismo sumó en todos sus niveles un millón y medio de nuevos empleados públicos, que no se los puede echar.
Es una tendencia que viene de lejos: desde hace décadas que el empleo público reemplazó a un mercado laboral privado que generaba puestos de trabajo de manera esporádica y por ciclos.
¿Alguien imaginaba que el gobierno de Mauricio Macri iba a poder echar a la calle a los empleados públicos sin generar una guerra civil?
Imposible: el gobierno tiene que buscar formas alternativas de bajar el peso del Estado -que con el kirchnerismo trepó al 50% del PBI- que a largo plazo es infinanciable y ahoga a la actividad privada; esta es la bomba más mortífera que Cristina Kirchner le dejó a Macri.
Por eso, la única salida que tiene este gobierno es bajar el peso del Estado, favoreciendo inversiones que hagan crecer el empleo privado, y así lograr frenar la función sustituta del mercado laboral que tiene el empleo público en Argentina. Debería ser una política de Estado reducir paulatinamente el empleo público.
Pero para eso tiene que ir a los orígenes del problema: el empleo público se convierte en tabla de salvación del mercado laboral porque la actividad privada genera poco o nada de empleo. Y el motivo no es, como postula la teoría económica populista argentina, que “la gente no tiene suficiente plata en el bolsillo para consumir”. El origen de la enfermedad argentina está en las altas cargas sociales, la conflictividad del mercado laboral y la tremenda inflexibilidad para contratar, especialmente para las Pymes, que dificulta la llegada de inversiones genuinas. El mercado laboral es el problema. Pero también puede ser la solución.
Gustavo Lazzari, economista, empresario frigorífico Pyme y presidente de la Cámara de Chacinados (además de ser hijo de la mediática Lita de Lazzari), lo explica así: “En Argentina hay más de 800.000 Pymes y microempresas. Con que todas tomen en promedio a un empleado por año, alcanzará para resolver la crisis social que vive el país”.
La gran diferencia en el mercado laboral no la van a hacer las grandes empresas, que pueden tomar de a cientos o miles. La solución pasa por las pequeñas, que pueden tomar en conjunto a cientos de miles, ya que emplean el 80 % de la fuerza laboral de la actividad privada. Sin embargo, en la actualidad estas empresas prefieren cortarse una mano antes que firmar la incorporación de un nuevo empleado; en algunos rubros, como el de medios de comunicación, incluso las dos.
El sistema ideado por los sindicatos es cínico e insostenible: lleva al Estado a resolver el desempleo con más empleo público, y el Estado es un negociador bobo en paritarias que están a la merced de los sindicatos. Total, el sueldo lo pagan los contribuyentes, con la emisión de deuda o con la maquinita de imprimir billetes.
Para que las Pymes vuelvan a contratar personal a lo grande se requiere flexibilizar el mercado de trabajo, simplificar los procedimientos y bajar los impuestos laborales.
El gobierno avanzó algo. Impulsó una moderada modificación del ruinoso sistema de seguro de riesgos del trabajo, que había convirtiendo a los accidentes laborales en la tumba de las Pymes.
También logró flexibilización laboral en algunos sectores, como en el petrolero para Vaca Muerta, en la industria automotriz y en la construcción. Pero ninguno genera tanto impacto sobre el empleo como las Pymes.
En países con sindicatos fuertes, como Alemania, las empresas pueden celebrar contratos a plazo con sus colaboradores, es decir, por el tiempo necesario para probar si un nuevo emprendimiento es sustentable. En nuestro país esos contratos están prohibidos. ¿Cuántos emprendimientos podrían desarrollarse si se pudieran celebrar contratos a plazo tomando los 120.000 millones de dólares que los argentinos acaban de blanquear y que están buscando rentabilidad?
El gobierno quiere avanzar de una vez por todas en una gran moratoria laboral con la idea de rebajar los aportes a las Pymes. Sería otra medida acertada y podría resolver el stock de empleados en negro y evitar potenciales juicios. Pero no necesariamente asegurará que tomen nuevos empleados.
Por otra parte, el éxito de las reformas dependerá de la implementación de un cambio de paradigma que permita reemplazar los planes sociales por un seguro de desempleo. Hoy, muchos argentinos prefieren un plan antes que ir a cosechar manzanas, por ejemplo. De paso, se les sacaría la caja a los líderes piqueteros y a muchos punteros políticos.
“Contratos basura”, “precarización laboral”, “desfinanciación de la seguridad social”: la capacidad de comunicación del sindicalismo argentino es formidable. Los líderes sindicañes conforman la corporación más conservadora y reaccionaria de la Argentina, y tienen un envidiable entrenamiento para asustar a la opinión pública con sus eslóganes.
Ahora bien, la posibilidad de avanzar en una especie de big bang laboral ha quedado en suspenso desde que la Alianza hizo naufragar la reforma de los contratos de trabajo que en el año 2000 propuso el ministro Armando Caro Figueroa. También el gobierno de Mauricio Macri corre el riesgo de no encarar la necesaria reforma por miedo a tener que enfrentar a los sindicatos y a su maquinaria política y comunicacional.
Recordemos cómo el gobierno de Macri abandonó rápidamente su proyecto de ley de Empleo Joven, al no implementar una estrategia de comunicación contundente que hubiera servido para convencer a millones de potenciales interesados. La opinión pública se enteró de la existencia del proyecto oficial el día en que el peronismo lo rechazó en el Congreso tildándolo de “flexibilización encubierta”. Este es un caso paradigmático: el fracaso del gobierno no fue solo político sino, y ante todo, comunicacional.
La falta de difusión del proyecto de Ley de Empleo Joven de este gobierno se pareció al silencio de la Alianza de De la Rúa cuando impulsó la reforma laboral en el 2000: en lugar de entusiasmar a la opinión pública, trató de negociar en silencio en las cuatro paredes del Congreso.
En el caso de la Alianza, el escándalo recordado como “Banelco para los senadores”, la renuncia del vicepresidente y los hechos de violencia pública de diciembre de 2001, contribuyeron a la renuncia anticipada del presidente y a la caída de su gobierno.
En definitiva, para avanzar en serio en la transformación del país, y en especial en la reforma del mercado de trabajo, el gobierno deberá aplicar una estrategia de comunicación ganadora que acompañe y le de volumen a sus acciones políticas, todo lo contrario de lo que hizo con la frustrada ley de Empleo Joven.
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