Por la información que trasciende, el espacio había sido habilitado por el organismo porteño Agencia Gubernamental de Control para la realización de este evento. Algunos voceros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sostienen en off que es sabido que el control del área ribereña de Costa Salguero le corresponde a Prefectura y sospechan que hasta ahora poco y nada se hizo para impedir que integrantes de esa fuerza siguieran participando –por acción u omisión- en el negocio del tráfico ilegal de estupefacientes.
Desde el entorno de la ministra de Seguridad de la Nación se afirma que ya hicieron su parte al desplazar a los prefectos supuestamente comprometidos y sostienen que el gobierno de la ciudad no debía haber habilitado el predio por carecer de la necesaria ventilación y otras facilidades, y debía haber controlado el ingreso de personas para evitar sobrepasar el número permitido durante esa noche fatídica. Se quejan de que el gobierno porteño no haya dado la cara, dejando el manejo de la crisis en manos del juez interviniente, Sebastián Casanello.
En realidad, el gobierno porteño fue el único que dio explicaciones públicas. Podrán resultar insuficientes, pero el vice-jefe Diego Santilli explicó que el evento había sido habilitado correctamente y que “La seguridad de puertas para adentro es responsabilidad de los organizadores”, y sugirió que el control del área correspondía a otra jurisdicción, en referencia a Prefectura. Luego, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció que no autorizarán este tipo de eventos hasta que se sancione una ley que lo regule.
En Comodoro Py se sostiene que el juez avanzará rápido en la investigación; “cuando hay muertos la justicia interviene sin miramientos; hubo chicos muertos, es un asunto grave que no debe repetirse”, afirman.
Las decisiones del magistrado fueron más allá de Dell Producciones, responsable de la organización de la mencionada fiesta, y prohibió a todas las empresas del sector que realizaran eventos similares. En el sector se escuchan quejas: “los que hacemos bien las cosas debemos pagar por los que las hacen mal”, afirman.
Una lectura más profunda de lo que pasó deja entrever algunas certezas y preocupaciones. En primer lugar, la necesidad de avanzar en serio en la reforma de la Prefectura (y de las otras fuerzas de seguridad también). Sospechada desde hace años por la posible participación en el negocio de la comercialización de drogas en el área que controla, la remoción de algunos Prefectos es una reacción tardía y claramente insuficiente.
En segundo lugar, las autoridades deberían replantear las normas y los procedimientos de control. Más allá de que la fiesta haya sido habilitada por la Agencia Gubernamental de Control, nos preguntamos cómo es posible que estos eventos no sean fiscalizados durante su realización por la misma autoridad que los aprobó, de tal manera de evitar, por ejemplo, el ingreso de personas muy por arriba del número permitido, y otros delitos y contravenciones.
El tercer lugar, sería aconsejable la unificación del mando, o por lo menos una mayor coordinación entre las diferentes jurisdicciones públicas intervinientes como, en este caso, la Prefectura (gobierno nacional) y la Agencia Gubernamental de Control (gobierno de la ciudad de Buenos Aires).
En cuarto lugar, el sector de empresas que organiza este tipo de eventos debe saber que su crecimiento está relacionado no solo con la facturación del negocio sino sobre todo con la actitud seria y responsable de cuidar a las personas, de tal manera de que la diversión no se convierta en desgracia. La muerte de los cinco jóvenes enluta a sus familias y a toda la sociedad, y pone en evidencia una grave irresponsabilidad de la empresa organizadora, que también afecta a la totalidad de esa “industria”.
Lo que asusta y preocupa es la actitud general de los que tienen la responsabilidad primaria de cuidar a la sociedad. Es cínico afirmar que la responsabilidad se reduce a los chicos que consumieron estas drogas y a sus familias que no los controlaron. Queda claro que la responsabilidad está allí también, pero no solamente.
Existe una opinión muy extendida que sostiene que, como la distribución y consumo de drogas es ilegal, “mientras no se la vea no existe”. Dicho de otro modo, la autoridad pública interviene para penalizar estas conductas solo cuando las mismas se exteriorizan, no antes. Consecuencia: el Estado aparece cuando el daño ya está hecho.
En esta línea, proponemos una acción estatal preventiva e inteligente: a través de campañas de difusión y concientización, y haciendo que los controles y la fiscalización resulten útiles, de tal manera de evitar situaciones como la que nos ocupa aquí.
Pero, sobre todo, el Estado debe adoptar una postura realista, es decir, suponer que en ciertas circunstancias se darán conductas graves que deben ser atendidas, a pesar de estar prohibidas o penalizadas por la ley, y actuar en consecuencia. Lo que queremos afirmar es que la prohibición del despacho y consumo de drogas ilegales no es justificativo como para evitar a priori la intervención pública sino, por el contrario, es una condición necesaria para motivar la presencia activa del Estado, a través de un protocolo de atención en el lugar de eventuales casos graves de intoxicación, a sabiendas de que es muy posible que se repitan este tipo de conductas en fiestas a las que asisten miles de jóvenes. ¿No les parece?