Por Matteo Goretti
.
Por ahora, ya tuvimos un ensayo de reapertura parcial de la cuarentena el viernes pasado, cuando millones de personas se expusieron masivamente al contagio del coronavirus al amontonarse en las calles para poder cobrar jubilaciones y la ayuda estatal, es decir, la población de mayor riesgo y más indefensa ante la pandemia. Vimos por TV ancianos acompañados por familiares y asistentes más jóvenes, y madres pobres que fueron con sus hijos menores al no poder dejarlos en casa.
Este episodio mostró la ausencia de un plan para la vuelta paulatina a la normalidad; un fracaso del Estado. Ante semejante evidencia, Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, solo atinó a minimizar la cuestión al sostener públicamente que “no significa que se haya roto la cuarentena ni que haya una situación incontrolable”.
El operativo del viernes fue encauzado parcialmente solo después de que el daño ya estaba hecho. Resulta llamativo que el Banco Central y el ANSES no hayan previsto semejante descontrol conociendo de antemano el tamaño de la población que habitualmente cobra jubilaciones y beneficios a través de trámites presenciales en los bancos, máxime cuando el sistema financiero llevaba quince días inactivo por la cuarentena. Finalmente, el Banco Central dispuso -tarde- lo obvio: la programación de los turnos y la extensión de los días y horas de atención bancaria.
Por tal motivo, sorprende que el Presidente Alberto Fernández culpara a los bancos privados por haber provocado semejante situación, cuando en realidad es la red de entidades públicas nacionales y provinciales la que paga por ventanilla a la gran mayoría de los no bancarizados, y el ANSES y el Banco Central los responsables de implementarlo.
Echarle toda la culpa al gobierno sería injusto. A su mala praxis en este caso, hay que agregarle factores que no son de su entera responsabilidad, y que tienen muchos años entre nosotros, como por ejemplo el alto nivel de no bancarizados entre la población de jubilados y beneficiarios de planes sociales. La crisis del viernes obligó al titular ANSES, Alejandro Vanoli, a anunciar que ahora sí se pondrá a analizar en serio mecanismos no bancarios para que estos grupos de riesgo puedan cobrar sin pasar obligadamente por las cajas de los bancos. Enhorabuena.
Tampoco es cierta la declaración presidencial de que los bancos se enriquecieron durante los últimos cuatro años. Basta con analizar sus balances, que son públicos, para concluir que, por el contrario, en ese período se descapitalizaron como pocas veces antes.Lo mismo puede decirse del ataque del Presidente a los empresarios
El problema que genera este tipo de anuncios basados en prejuicios ideológicos y en necesidades políticas coyunturales es que favorecen la construcción de imágenes distorsionadas de la realidad, que tienen un impacto fuertemente negativo sobre la actividad económica que de por sí es complicada. Lleva a que el gobierno pierda el foco, diluye lo importante en discusiones que conducen a ningún lado y dilapida esfuerzos y recursos de todo tipo.
Por el contrario, sería de esperar que el gobierno trabaje con los empresarios y el sistema bancario para atenuar la crisis provocada por la pandemia, buscando mantener cuanto sea posible el nivel de empleo y evitar la ruptura de la cadena de pagos. Esto será doblemente necesario cuando salgamos de esta pesadilla: desconocemos el nivel de destrucción de la economía que encontraremos al final del túnel; lo que nos lleva a sostener que el aporte de la actividad privada resultará definitorio para la recuperación. Por lo tanto, amenazar públicamente a las empresas y bancos sólo llevará a empeorar las cosas; tampoco logrará disimular los problemas de implementación de algunas de las políticas oficiales.
Esta crisis ha hecho detonar el paradigma imperante en nuestro país: que el Estado y el gobierno pueden satisfacer por si solos las demandas de la población. El realidad, el coronavirus está impactando no solo en los individuos, las empresas, los sindicatos y las instituciones, sino también en el Estado. La brutal caída de los ingresos públicos a la que estamos asistiendo es suficiente prueba de ello.
El gobierno tuvo un plan al cerrar la economía. Buscó anticipadamente mantener controlada la curva de los contagios y ganar tiempo mientras equipa y prepara mejor el sistema sanitario que deberá atender a los casos más graves cuando estos se disparen. Lo hizo bien. Quizá podía haberlo hecho mejor, manteniendo abiertos otros sectores estratégicos, como el sistema bancario y financiero (que a pesar de la pandemia siguen operando en casi todos los países del mundo) para evitar el riesgo de quiebre de la cadena de pagos y el episodio del viernes. A pesar de ello, la decisión de la cuarentena fue una decisión correcta según la opinión de los especialistas.
Hacia adelante, el Presidente decidió que comenzará a reabrir el país de manera programada y cuidada a partir del próximo 13 de abril, probablemente comenzando por algunos sectores industriales y de servicios y en zonas del país menos afectadas por el virus, que podrán regresar, paulatinamente, a la normalidad. Una decisión correcta y necesaria, sobre todo porque sabemos que los tiempos de la epidemia serán más extensos que los plazos en que la economía argentina puede permanecer cerrada sin colapasar.
Volver a poner en marcha la actividad económica requiere -como adelantamos al comienzo- de un plan que mantenga en niveles aceptables el equilibrio entre la salida de la cuarentena y el control del virus para que no se desbande y sobrepase la capacidad del sistema sanitario. Un gran desafío, que requiere de conocimiento, implementación, equipo, foco e inversión.
Para lograrlo, el gobierno deberá reveer algunas de las posiciones que vino sosteniendo hasta aquí, como por ejemplo mantener en muy bajos niveles los testeos a la población. Los expertos coinciden en que el levantamiento de las restricciones económicas requiere -además del mantenimiento de las conocidas reglas de convivencia social y el fortalecimiento del sistema sanitario- de la implementación masiva de pruebas para discriminar los que no tienen el virus o son inmunes, y por lo tanto pueden volver al trabajo, de los que por el contrario deben seguir en aislamiento por estar enfermos o ser población de riesgo.
También hay un consenso acerca de la necesidad de implementar herramientas de big data para facilitar los controles de unos y otros, su ubicación y movimientos a través de la geolocalización, lo cual presenta aristas que habrá que incorporar en los planes, como por ejemplo el impacto sobre el derecho a la intimidad. Para que las medidas de aislamiento selectivo sean efectivas, será necesario poner en marcha un certificado electrónico para facilitar el tránsito de personas y realizar seguimientos permanentes.
En síntesis, la capacidad del Estado de reunir e interpretar información amplia y detallada sobre la sociedad aplicando la mejor tecnología disponible, será una de los elementos fundamentales para combatir al virus hasta tanto no tengamos tratamientos paliativos o la vacuna.
Propuestas como estas son las que un grupo de empresarios, científicos y médicos ha hecho llegar al Presidente de la Nación. Son medidas probadas, que están siendo implementadas con éxito en países que han logrado mantener relativamente bajo el nivel de muertos por el coronavirus, como Alemania, Suecia, Singapur y Corea del Sur, entre otros.
En el plano estrictamente económico y fiscal, el gobierno deberá avanzar en la implementación de las promesas de ayuda a las empresas y a los individuos, y de planes de facilidades de pago de impuestos y cargas sociales impactados por el cierre de las actividades.
Alberto Fernández tomó una sabia decisión al incorporar a diferentes sectores al debate y a la elaboración de propuestas. Ahora sigue algo mucho mayor: la integración por parte del gobierno de una mesa de guerra contra el virus, que pueda liderar la implementación de las acciones necesarias para avanzar de a poco hacia la normalidad económica y social, sin descuidar la salud de la gran mayoría de la población.