Lejos de actuar como un bloque, el empresariado tiende a dividirse en fracciones a la hora de defender sus intereses. Los empresarios pueden, por ejemplo, encolumnarse detrás de posiciones que promueven el libre comercio o el proteccionismo, o un alto o bajo grado de regulación y de transferencia de recursos a distintos sectores de la economía, o el mantenimiento o no de la estructura oligopólica que caracteriza a amplios sectores de la economía local. Esto es particularmente cierto en un país como Argentina, en donde históricamente ha predominado la atomización de las cámaras empresariales y las disputas entre el campo y la industria.
Es por este motivo que resulta sorprendente el alto grado de respaldo que en los últimos meses ha alcanzado el gobierno de Macri en los empresarios. Luego de que la gran mayoría de sus representantes apoyaran a Daniel Scioli durante la campaña electoral (en especial la Unión Industrial Argentina –UIA-, siempre reacia a apoyar al líder del PRO), el nuevo gobierno accedió a sumar a muchos de ellos como funcionarios a la nueva administración. Martín Etchegoyen pasó de ser gerente de la UIA a secretario de industria.
Seguidamente, las empresas se beneficiaron con sus primeras medidas, en especial las orientadas a la exportación que estaban a la espera de que la devaluación mejorara sus precios en dólares. Y con la salida del default las firmas argentinas tendrán acceso a los mercados financieros del exterior y verán caer su costo de financiamiento interno.
¿Cuánto durará esta luna de miel entre el empresariado y Macri? Comenzará a entrar en crisis cuando comiencen a oponerse entre si los diferentes intereses que dividen a los empresarios en grupos (cuya integración depende del sector al que pertenecen), y cuando quede más claro cómo impactan en cada sector las políticas públicas emanadas del nuevo gobierno. Decisiones tan básicas como el grado de apertura que debe tener la economía o el precio del dólar inevitablemente enfrentarán a las firmas entre si y a éstas con el gobierno.
Por su parte, en la actual coyuntura los empresarios pronostican una importante caída de la actividad económica y un fuerte impacto en sus negocios por el encarecimiento del crédito y el aumento en el precio de las tarifas de los servicios públicos, en especial en los sectores volcados al consumo interno. También hay preocupación de que el gobierno esté tentado en mantener bajo el precio del dólar, como muchas veces sucedió en el pasado, a fin de controlar la inflación. Alertan que eso le quita competitividad a las exportaciones.
Si bien apoyan en general las políticas y las consideran necesarias para volver a crecer en 2017, el empresariado decidió hacer pública su posición sobre sus efectos negativos en el corto plazo que, dicen, hay que tratar de moderar con medidas complementarias.
Entre el empresariado y el gobierno también difiere la consideración sobre las urgencias. En un reciente encuentro de empresarios argentinos, representantes del gobierno solicitaron incrementar y darle más velocidad a la inversión privada. La respuesta del otro lado fue contundente: apoyamos las medidas, pero estamos esperando que se generen las condiciones necesarias para hacerlo, es decir, déficit público e inflación razonables y manejables.
Posiciones cruzadas entre el gobierno y las empresas y división en diferentes sectores del empresariado no son, al final de cuentas, novedades en Argentina. Más aún, uno esperaría tal cosa. La novedad radica en que estos cruces, divisiones y alineamientos se están dando en un contexto de creciente debate acerca del corto y del largo plazo, es decir, del costo del ajuste (que consideran necesario) y de la orientación económica de fondo del nuevo gobierno, o sea, el modelo de país que va a recorrer en los próximos cuatro años.
Tomemos un ejemplo: la integración con el mundo. La voluntad y la palabra del presidente Macri no deja lugar a dudas: Argentina volverá al mundo. Ese recorrido demandará, sin embargo, enfrentar fuertes intereses y situaciones establecidas. Además, la debilidad que significa no contar con una mayoría parlamentaria oficialista y el estilo del gobierno de consensuar siempre y nunca confrontar, son dos elementos que en opinión de algunos empresarios podrían hacer peligrar la realización de los anhelos presidenciales.
¿Dado este panorama, es posible pensar en algún tipo de acuerdo entre los empresarios? En principio sería posible, ya que algunas políticas podrían favorecer el interés del conjunto. En efecto, la falta de reglas de juego claras y el desmedido aumento de la carga impositiva durante los gobiernos de los Kirchner deberían a esta altura haber despertado cierta “consciencia de clase”.
La elaboración y difusión de un discurso que muestre a la sociedad los beneficios de la actividad privada en la creación de los empleos de calidad que el país tanto necesita y el establecimiento de instituciones sólidas que eviten las arbitrariedades del pasado, son dos iniciativas que podrían servir de base para una agenda de trabajo conjunta, basada en la innovación y en la generación de inversiones y de trabajo. También el gobierno tiene un rol decisivo en esta tarea.