Hizo bien el presidente Macri en vetar la llamada “ley antidespidos”. En las actuales circunstancias, en las que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso de la Nación, el veto es una señal a los legisladores de la oposición para que moderen sus pretensiones y busquen acuerdos.
Recordemos que el veto es un recurso legal exclusivo del Poder ejecutivo. Está regulado en la Constitución (art. 80) y su uso no está condicionado a situaciones especiales; tampoco tiene límites, ya que el presidente puede vetar las leyes cuando lo considere necesario. El Poder Legislativo y el presidente de la Nación intervienen por igual en el proceso de aprobación de las leyes.
Esta “igualdad” de ambos poderes en el proceso legislativo es propia de los sistemas presidencialistas, como el argentino, ya que la legitimidad del Presidente y del Congreso proviene del voto popular. Consecuentemente, la Constitución argentina distribuyó entre ambos los recursos institucionales necesarios para gobernar y, a la vez, para incentivar relaciones simétricas y colaborativas que favorezcan cierto equilibrio.
En el plano legislativo, el consenso entre ambos poderes se expresa con la sanción de las leyes por el Congreso y la posterior promulgación por el Poder Ejecutivo. Por su parte, el veto es la manifestación de la falta de acuerdo entre ambos poderes.
Llama la atención la dura reacción del Partido Justicialista al veto de la “ley de antidespidos”, que afirmó que “el Presidente vuelve a demostrar su poco apego al respeto por las instituciones (…) Al igual que lo había hecho en la Ciudad de Buenos Aires, vetando más de 100 leyes aprobadas por la Legislatura, volvió a apelar a la prerrogativa del veto para hacer caso omiso de la voluntad popular expresada en el Parlamento Nacional (…) El Partido Justicialista no permanecerá callado ni será testigo mudo cuando se pretenda avasallar el orden institucional (…)”.
Como señalamos al comienzo, en las actuales circunstancias, en las que el gobierno no tiene mayoría propia en el Congreso, el uso del veto presidencial favorece el equilibrio entre los poderes. Además, el veto –o la amenaza de que será utilizado- es un recurso que promueve las prácticas democráticas, favorece el debate y la negociación, e incentiva la búsqueda del consenso. Pone límites a las mayorías legislativas de la oposición, y a sus eventuales intentos de sustituir el régimen vigente por un “gobierno del Congreso”. Por su parte, el presidente, carente de una mayoría parlamentaria propia, está obligado a negociar con la oposición y a construir mayorías circunstanciales para la sanción de sus iniciativas.
El veto es, por lo tanto, un indicador de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Expresa las diferencias de criterio entre ambos poderes y también, como señalamos, la ausencia de una mayoría legislativa que responda al presidente.
En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la preeminencia de la Presidencia estuvo facilitada por una mayoría legislativa que respondía a la voluntad del Poder Ejecutivo, hasta tal punto que nuestro Congreso fue definido como “escribanía del Poder ejecutivo”.
Finalmente, la recurrente acusación de la oposición de que Macri es un “vetador serial”, no se condice con los hechos: durante sus ocho años como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, él vetó el 4,5% de las leyes sancionadas, muy por debajo del 6,6 % de Aníbal Ibarra, e incluso menos que el 4,7% de Telerman.
En los más de cinco meses de gestión como presidente, Mauricio Macri sólo utilizó el veto en esta ocasión.