Por Matteo Goretti
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El camino que está recorriendo el presidente Fernández es inverso al de sus predecesores. En vez de acudir al FMI para que le imponga un plan de estabilización, está implementando uno propio pero que es espejo de los que habitualmente aplica el organismo internacional a los países con graves problemas de deuda y falta de financiamiento.
Dicho plan se plasma en la ley de emergencia que acaba de obtener sanción legislativa, que permite la concentración del poder en manos del Presidente, dispone una mega delegación de facultades legislativas para limitar el debate parlamentario, amplía el super-cepo, incluyendo un devaluación de hecho para el dólar paralelo, aumenta considerablemente la presión impositiva sobre todo para los sectores con mayor capacidad de ahorro y que más invierten, y se apropia de la renta de los sectores más eficientes e innovadores del país. La receta es la conocida del FMI: dólar recontra alto para los que quieran atesorar, más impuestos a los que ya los pagan, menos importaciones y moderada emisión monetaria para evitar la hiperinflación (promesa que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció públicamente en reiteradas ocasiones).
El costo del ajuste recaerá, como en los habituales programas del FMI, sobre los contribuyentes. El gobierno está estudiando recortes simbólicos en el uso de autos oficiales y la designación de asesores, que no tienen impacto en el gasto público.
Pero eso no es todo, el gobierno peronista decidió ir más allá: suspender la fórmula que actualiza las jubilaciones y pensiones, cuya indexación explica una parte sustancial del déficit público, algo que nadie se atrevió a implementar en serio anteriormente. Una demanda histórica del FMI.
Este plan de fuerte ajuste debería facilitar un rápido acuerdo con el FMI, condición previa para una negociación con los bonistas que nos aleje del default. Recordemos que no existen casos exitosos en el mundo en los que una renegociación de la deuda pública haya finalizado sin el acuerdo previo con ese organismo internacional.
Como todo plan de estabilización del FMI, las medidas del gobierno muy probablemente provocarán mayor recesión y una caída de los ingresos reales de los trabajadores y jubilados. Podrá haber un repunte ocasional del consumo -motivado por incentivos de corto plazo-, pero la inversión, único motor genuino de desarrollo de un país, seguirá en los bajos niveles de la última década.
La apuesta del gobierno (de los bonistas y del mercado financiero internacional) es que el actual programa de ajuste muestre sus frutos en el corto plazo. Sin embargo, Fernández y su equipo deberán convencer al FMI de la necesidad de mantener la doble indenmización para los despidos laborales, el congelamiento del dólar oficial y de las tarifas de los servicios públicos, la multiplicidad de tipos de dólar y la ausencia de un ajuste en la organización del Estado, medidas del nuevo plan que el organismo internacional se opuso en el pasado. Veremos.
El gobierno de Alberto Fernández es el primero desde el advenimiento de la democracia en implemenar un plan de estabilización al comienzo de la gestión (con excepción de Eduardo Duhalde que, en realidad, se hizo cargo de la crisis con la renuncia Fernando De la Rúa). Una novedad importante.
Es posible que el actual presidente haya comprendido las enseñanzas de la historia reciente: no encarar de entrada la emergencia abre la puerta a la detonación de la crisis, convirtiéndola en inmanejable. Y que el déficit público crónico es la principal amenaza de los países con economías emergentes como la Argentina.
Pero no es solo eso. También es posible que Alberto Fernández se haya percatado que la desastrosa herencia que recibió de Mauricio Macri en materia de pobreza, destrucción del trabajo, endeudamiento, inflación y desfinanciamiento, solo admite la adopción inmediata de medidas de emergencia, y que las promesas incumplidas de la gestión anterior facilita su aceptación por parte de una opinión pública que se consideró defraudada.
Mientras Fernández busca un rápido acuerdo con el FMI, hace entrar en crisis la relación con los Estados Unidos, al decidir apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y propiciar el retorno al poder de Evo Morales en Bolivia. También desafía a los principales socios regionales del país del norte, Brasil y Chile, con declaraciones públicas en contra de sus presidentes.
En el gobierno imaginan que está próximo un cambio de signo político en numerosos países de la región. Creen posible el regreso al poder del PT en Brasil y del MAS en Bolivia en un futuro próximo, y que la vuelta permitirá forjar una nueva alianza con ellos y AMLO, presidente de México. Esta nueva visión aspira a incorporar a China como el principal socio estratégico.
Así, el gobierno peronista ve una oportunidad de liderar una “nueva” Latinoamérica que confronta abiertamente con los Estados Unidos. Fernández quiere repetir la política exterior de Néstor Kirchner.
Y no solo para satisfacer la tradicional posición ideológica del peronismo. Un alto funcionario nacional del nuevo equipo lo define así: “nuestra política exterior no responde únicamente a un mandato ideológico, sino a una necesidad práctica: para obtener algo de Trump en las actuales circunstancias hay que establecer áreas de conflicto que permitan una negociación más equilibrada con los Estados Unidos, y Argentina debe convencer a los demás hermanos latinoamericanos y liderar esta nueva posición a nivel regional.”
Suponer que se logrará rápidamente un acuerdo con el FMI desafiando a su principal accionista, los Estados Unidos, es una jugada de alto riesgo. También es un error de información: a diferencia de sus predecesores, es el presidente Trump y no la tradicional burocracia del Departamento de Estado quien suele decidir las acciones de la política exterior de su país, y a veces lo hace a través de un tweet, incluso sin consultar con sus principales asesores, lo cual disminuye las oportunidades de negociación.
Alberto Fernández ha demostrado ser un presidente práctico, guiado más por la realidad que por la ideología. Lo mismo puede decirse de la coalición peronista que lo sostiene, que impulsa y festeja ahora medidas económicas que antes rechazaba abiertamente. Habría que esperar que la necesidad y la emergencia lleven al Presidente a incorporar estos criterios en la relación con los socios estratégicos del país, como Estados Unidos y Brasil.
Pero todo es posible. Algunos creen que para gobernar la Argentina hay que aplicar políticas económicas de derecha y discursear por izquierda.