Por Matteo Goretti
.
Con buen criterio, el novel presidente Alberto Fernández encaró de entrada la renegociación de la deuda. Más aún, es el primer presidente desde el advenimiento de la democracia que decide hacer un ajuste de las cuentas públicas o, por lo menos, lo anuncia sin eufemismos. Nunca antes. Habrá que esperar para ver.
A pesar de que algunos economistas sostienen que se trata de un plan económico de baja calidad (porque combina decisiones acertadas como la promesa de control del gasto primario y la desindexación de la fórmula previsional –principal causa de los déficits públicos crónicos–, con otras negativas como el congelamiento de las tarifas, exceso de emisión monetaria y de financiamiento al tesoro y ampliación del depo del dólar), resulta relevante que Alberto Fernández haya decidido tomar desde el inicio el toro por las astas antes que esperar que la postergación de medidas urgentes provoque más adelante una crisis de consecuencias mayores, como sucedió con casi todos sus predecesores en el cargo.
Todo el gobierno de Fernández está en un impasse evidente. Hoy el objetivo principal, por no decir el único, es la renegociación de la deuda del país. Las novedades del gobierno en otros frentes escasean. Para quienes ahora demandan un plan de crecimiento, la gravedad de la crisis heredada sólo podría augurar -en el mejor de los casos- la implementación de un plan de estabilización que permita llegar a un acuerdo con el FMI y los acreedores extranjeros durante el corriente año.
La reciente presentación del Ministro de Economía, Martín Guzmán en el Council of the Americas, en la ciudad de Nueva York, disparó repentinamente un debate acerca de si el gobierno está orientado en la dirección correcta, y si además le está impulsando a sus acciones la velocidad que anuncia.
El Council no es el lugar para que el Ministro de Economía presente una propuesta de negociación de la deuda a los acreedores externos de la Argentina. Nunca lo fue. Demandarle tal cosa es desconocer los ámbitos donde se discuten y acuerdan estos temas: el FMI y los fondos de inversión que tienen bonos soberanos de nuestro país.
Sin embargo, la presentación allí del ministro detonó una serie de preocupaciones y dudas que sí son relevantes para el proceso de normalización del país. El primer lugar, la exagerada expectativa del actual gobierno de querer cerrar un acuerdo con los acreedores externos antes del 31 de marzo próximo.
El ministro Martín Guzmán anunció que busca cerrar un nuevo acuerdo por la deuda soberana antes de esa fecha. Recordemos que el gobierno anterior, a pesar de haber iniciado la negociación con los holdouts apenas asumió Mauricio Macri la presidencia el 10 de diciembre de 2015, pudo llegar a un acuerdo con los últimos bonistas que no habían entrado en el canje recién el 22 de abril de 2016.
Además, entonces la situación era otra: amplio apoyo de la comunidad internacional al logro de un acuerdo por la deuda que había sido defolteada años atrás, incluyendo un sostén explícito al gobierno de Macri y a su orientación política y económica por parte de los principales países accionistas del FMI.
En enero de 2016, el entonces Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, ya había presentado y discutido una propuesta concreta con los acreedores y hacia finales de ese mes el 90% de los bonistas litigantes de Nueva York ya la habían aceptado.
No parece suceder lo mismo ahora. A escasos días de concluir este mes de enero, no se conoce un primer borrador de la propuesta del Ministro Guzmán y recién ahora se inician las reuniones formales con los fondos acreedores y con los técnicos del FMI con este propósito. Es allí donde hay que indagar de ahora en más.
Con estos indicios, la estrategia del gobierno argentino sería la de presentar “ideas” o aproximaciones, y dilatar la presentación de una propuesta formal de refinanciación de la deuda soberana creyendo que de esta manera los acreedores internacionales se verán obligados a aceptarla con rapidez. Un calificadísimo vocero del Ministerio de Economía que conduce el Ministro Guzmán sostiene esta posición de la siguiente manera: “Los acreedores internacionales y el FMI no tendrán otra opción que aceptar rápidamente una quita sustancial de los intereses adeudados y una reprogramación de los pagos tanto de intereses como de capital; ellos lo necesitan tanto o más que nosotros”.
En realidad, por el contrario, lo que habría que esperar es una compleja, dura (y quizás dilatada) negociación entre las partes. Como es sabido, el proceso requiere de propuestas, por serie de bonos de la deuda, que se discuten y modifican, y cuyo resultado final es un acuerdo que requiere de mayorías especiales para su aceptación, y la intervención posterior de la SEC.
En segundo lugar, es posible que los bonistas soliciten a la Argentina (o que el gobierno decida) sellar previamente un acuerdo con el FMI, de tal manera de facilitar la supervisión del plan macroeconómico y monetario que permita generar los recursos genuinos en dólares para cumplir con las obligaciones de pago a los acreedores acordadas en dicho plan. Al día de hoy desconocemos cuál será la secuencia del proceso.
De cualquier manera, lo relevante es que los acreedores de nuestro país definitivamente solicitarán al gobierno un plan integral como base de cualquier acuerdo. Afirmar que la única condición para poder pagar es postergar los pagos de la deuda por algunos años no resultará suficiente para que los bonistas acepten un acuerdo. Nuestro país ha tenido que renegociar casi todos los planes de pago que se había comprometido a cumplir. No debería llamar la atención la demanda de los acreedores por un plan creíble y sustentable. ¿Argentina lo tiene?
Tanbién provoca incertidumbre la negociación del bono BP21 de la provincia de Buenos Aires. Un calificado vocero del gobierno provincial nos asegura que se llegará a un acuerdo y que la deuda no caerá en default. Sin embargo, nuestra fuente del Ministerio de Economía de la Nación sostiene que el incumplimiento de la provincia de Buenos Aires podría favorecer una rápida negociación y mejores condiciones de un acuerdo para el país.
Volviendo a la negociación en curso en Nueva York, según algunos trascendidos emanados de dos fondos acreedores de la argentina que recibieron al Ministro, Guzmán los habría sondeado con una primera “idea” de quita del 50% de los intereses y la postergación del pago de intereses y capital de dos a cuatro años según la serie de bonos.
Los mismos voceros sostuvieron que esta propuestra preliminar del ministro podría inducir a los bonistas de ley extranjera a dilatar la negociación bajo el supuesto de que la Argentina necesita de más plazo para estructurar un programa económico creíble que permita cumplir con las obligaciones pactadas y evitar repetir el pasado, es decir, fracasar al poco tiempo y volver a renegociar.
A su vez, la mayor incertidumbre propia de una negociación que se dilata, afectaría –según estos fondos de inversión– más a la Argentina que a los tenedores de bonos, lo cual llevaría a los negociadores de nuestro país a moderar su posición considerada por aquellos como “demasiado desafiante”.
El escenario de la dilación de las negociaciones tiene sustento cuando se observan los vencimientos de 2020. Si consideramos la deuda bajo ley extranjera, este año los vencimientos no son dramáticos: aproximadamente 400 millones de dólares por amortizaciones y 4 mil millones de dólares por intereses (no contamos aquí las deudas del país con organismos multilaterales y el Club de París, ni con los acreedores bajo ley argentina).
Además, los acreedores consideran que mientras esté negociando, el gobierno argentino pagará como corresponde, no solo porque tiene los fondos disponibles para ello sino para no complicar un futuro acuerdo. Tampoco se prevé que una eventual crisis de la deuda argentina vaya a contagiar a nuestros vecinos.
En la misma dirección, se espera que el FMI y el Departamento del Tesoro de los EE.UU. apoyen, como lo hacen siempre, un proceso en el cual el organismo multilateral de crédito se asegure mediante un acuerdo con la Argentina que el país tendrá un plan lo más sustentable posible que le permita hacer frente a las obligaciones con sus acreedores, e impondrá también un control estricto sobre su cumplimiento. Entonces, temas que hoy aparecen intocables por la administración peronista –como el congelamiento de las tarifas, el super cepo del dólar y el financiamiento ilimitado del Banco Central al Tesoro, entre otros–, seguramente entrarán en revisión.
Por lo tanto, al escenario previsto por el gobierno de Alberto Fernández de una negociación rápida y bien desafiante en términos de quita y reperfilamiento de la deuda podría oponérsele otro, quizás impulsado por algunos acreedores, dilatado en el tiempo y más exigente para la Argentina.
Las hipótesis están abiertas.