Por Matteo Goretti
.
La disyuntiva está mal planteada, porque sabemos que los tiempos de la epidemia serán más extensos que los plazos en que la economía argentina puede permanecer cerrada sin colapsar. Consecuentemente, cerrar el país como antídoto para aplanar la curva de los contagios no es una estrategia sustentable. No alcanzará con paralizar casi todo, aunque a priori resulte necesario hacerlo, moral y sanitariamente.
Por lo tanto, sin un cambio de paradigma esta infección provocará también una pandemia económica mucho antes de que demos con la cura del virus. Necesitamos un plan para ambas.
Las consecuencias sobre la economía comienzan a verse aquí y en el mundo. Crece fuertemente el nivel de desempleo y los individuos no pueden ir a trabajar. El comercio se retrae. Muchas empresas no pueden pagar salarios e impuestos, ni a sus contratistas y proveedores. Los desocupados y trabajadores informales no tienen opciones. La recaudación fiscal se resiente. Las bolsas se desploman. Los mercados pierden día a día su valor.
En el mundo comenzó el debate sobre los estímulos económicos necesarios para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un plan de 2,2 billones de dólares destinado a empresas e individuos. Más de tres millones de norteamericanos acaban de solicitar un subsidio por desocupación. Muchos países están tomando decisiones como estas. Algunos integrantes de la Unión Europea le exigen al Banco Central Europeo acciones que vayan en la misma dirección. Mientras tanto, la autoridad comunitaria suspendió la aplicación a sus miembros del límite del 3% de déficit fiscal. También hay un consenso de que estas medidas deberán ser complementadas con una apertura por etapas de la actividad económica.
Este debate se origina en la necesidad de mantener los países funcionando teniendo en cuenta a la vez la atención sanitaria que limite la propagación del virus. Los gobiernos están siendo tironeados por un trade-off entre crisis sanitaria y crisis económica, es decir, mantener la creciente curva de casos graves por contagio por debajo de la capacidad del sistema hospitalario para atenderlos (que también puede aumentar, aunque menos que proporcionalmente) y el cierre del país, y por lo tanto el desplome de la economía.
En la Argentina este debate está en una etapa preliminar. Por ahora, el foco está puesto en la prevención y limitación del contagio y en reforzar el sistema sanitario para enfrentar lo que vendrá. Un objetivo loable y necesario. El gobierno pareciera estar actuando bien en este punto. Sin embargo, no hay una discusión sobre si las decisiones vinculadas con el confinamiento resultan sustentables económica y socialmente, ni cómo subsidiarlas.
El reciente anuncio del Presidente Alberto Fernández de prorrogar hasta el 13 de abril el cierre de la economía busca atender el aplanamiento de la curva de contagios. Pero, si quiere mantener esta política de reclusión, el Estado argentino se verá obligado a subvencionar a los individuos que no pueden ir a trabajar o que están desempleados, y a las empresas que en corto plazo ya no podrán pagar salarios. Ni que hablar del impacto que estas medidas tendrán sobre los ingresos fiscales, y sobre el gasto público. ¿Por cuánto tiempo el Estado estará en condiciones de hacerlo?
El gobierno viene haciendo anuncios de subsidios para personal de la salud y de la seguridad, desocupados, individuos que ya reciben auxilio del Estado y ciertos grupos de monotributistas y jubilados. Son medidas necesarias y urgentes, pero que no contemplan a los millones de argentinos que más contribuyen en mantener girando la rueda de la economía, que son los trabajadores formales, y las empresas que generan trabajo, con el discutible argumento de que de todas maneras seguirán pagando impuestos, servicios y salarios porque tienen ahorros.
La respuesta pública que recibieron las empresas es que deberán acostumbrarse con ganar menos, manteniendo el pago de salarios, impuestos, contribuciones laborales y los servicios de contratistas. Un enunciado moralmente impecable que nadie puede dejar de aplaudir en esta crisis. Pero cuando evaluamos las circunstancias, en realidad la gran mayoría de las industrias, la construcción, las compañías de servicios y los comercios está inactivo por la pandemia; no queda claro entonces cómo podrán hacer tal cosa sin generar ingresos, ni por cuánto tiempo.
Si miramos el problema desde el punto de la comunidad, es probable que los individuos tomen decisiones de corto plazo teniendo en cuenta la expectativa del impacto de la pandemia sobre la economía y, por lo tanto, decidan en algunos casos postergar el pago de impuestos y servicios (los que tienen ingresos); y que las empresas y comercios se pregunten cómo abonarán los sueldos de su personal la semana próxima sabiendo que seguirán sin generar recursos vaya a saber por cuánto tiempo.
Además, puede que en el corto plazo surja la presión de trabajadores y empresas para lograr una reapertura programada. También las autoridades provinciales y locales pronto se verán en la necesidad de solicitar al Estado Nacional fondos para pagar salarios y servicios esenciales.
Es decir, más temprano que tarde estaremos ante un dilema de hierro. Más vale adelantarse y construir escenarios en los que resulte posible incorporar una visión más integradora, de tal manera de poder tener una lectura vertical y no solo horizontal de la sociedad, entendiendo que es posible buscar un equilibrio entre moderar los efectos de la pandemia del coronavirus y proteger la economía del país. Ambas van tuteladas, porque afectan a la misma comunidad.
Por supuesto, no estamos proponiendo debilitar los controles ni desatender la emergencia sanitaria, sino incorporar en el debate las mejores prácticas de los países que, evitando falsos dilemas, buscan atender tanto la pandemia como la economía, al tratar de aplanar ambas curvas, la de los contagios -para que los casos más graves tengan la respuesta hospitalaria adecuada- y la de la recesión, para poder sobrellevar esta situación y recuperarse mejor y más rápido cuando vaya cediendo la crisis.
Por ejemplo, varios expertos sostienen que resulta deseable y posible programar una salida ordenada y por etapas de la reclusión, manteniendo los recaudos sanitarios, con focalizar las acciones por tipo de actividad económica, por zonas del país teniendo en cuenta el impacto del virus y discriminando la población de mayor riesgo, por ejemplo.
También en cierto que este tipo de estrategias requiere de mayor y mejor información sobre el desarrollo de la epidemia, como la que genera la generalización de los testeos, lo cual permitiría dirigir las decisiones de manera segmentada y definir, por ejemplo, quienes están en condiciones de volver a trabajar, y quienes deben permanecer recluidos por ser contagiados asintomáticos o población de riesgo. Estrategia que el gobierno argentino ha descartado por ahora.
En este debate hay que incorporar también a las instituciones, a la comunidad, y a los que generan trabajo, de tal manera de lograr los acuerdos necesarios para enfrentar la crisis. El gobierno tiene el liderazgo, pero necesitará avanzar con mesas de consensos para gestionar este desafío. La única mesa que asesora al Presidente Fernández está integrada por epidemiólogos y sanitaristas, esenciales para enfrentar esta crisis, aunque insuficiente.
Son dos pandemias las que tenemos que atender ya, la sanitaria y la económica, de manera conjunta y con una mirada amplia que dé cuenta de la complejidad de la situación. Iniciemos un debate inteligente para encontrar las mejores respuestas.
No es una tarea fácil. Vamos a estar a prueba todo el tiempo.