Por Matteo Goretti
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Esta “nueva normalidad” del gobierno acaba con las fantasías del círculo rojo que deseaban ver y mostraban a Alberto Fernández en tensión con su jefa, subyugado pero con ganas de independizarse política e ideológicamente de ella.
Por necesidad o convicción, ambos Fernández se dirigen hacia una confluencia total, aceleradamente. El presidente no solo ha incorporado plenamente el discurso de su mentora, sino que ensaya medidas con sello K para atacar a sus adversarios imaginarios: los empresarios, el campo, la justicia, la prensa independiente, el FMI y los Estados Unidos.
A simple vista, podría decirse que nada ha cambiado, que son los enemigos de papel de siempre elegidos por el kirchnerismo para encender los discursos más entrañables para la propia tropa. Sin embargo, hay algo nuevo: el actual gobierno pasó de la diatriba a la acción. La radicalización es evidente, se cristaliza en las decisiones más resonantes de la administración del país.
El llamado impuesto a las grandes fortunas, el recurrente control de precios, el nuevo aumento de la presión tributaria, la prohibición de acceder a dólares oficiales para importar, el fallido intento de estatización de Vicentin y la obligación de informar costos y stocks de productos a la autoridad pública, son algunas de las decisiones anti empresa destinadas a subordinar a la industria y el campo y a cambiar el sistema de producción privada por el de subsidio estatal, que está en el centro del modelo k-fernandista para perpetuarse en el poder.
Los empresarios industriales han ofrecido una respuesta débil, enviando algunas notas formales de queja. Algunos incluso apoyan; los que no, prefieren no dar el debate. Por lo bajo dicen que nada pueden hacer, que no deben exponerse a la furia de la lapicera presidencial que define la vida o la muerte de sus empresas, que hay que seguir negociando en silencio, a pesar de los resultados. Lo curioso es que tampoco reaccionan a pesar del golpe sobre el valor y sostenibilidad de sus compañías.
Para compensar y no ser castigados, algunas de las grandes compañías enviaron recientemente a sus gerentes a aplaudir el discurso público de Martín Guzmán, cuyo ministerio es el que implementa las medidas anti producción que provocaron la queja de las mismas empresas.
La abdicación de las organizaciones empresarias a cumplir con su rol activo de legitimar en la opinión pública el modelo económico de inversión y trabajo, ha permitido que el gobierno instale a través de su discurso la baja valoración que la sociedad tiene de ellos, creando el clima para avanzar ahora con sus acciones. Solo el campo -el sector más moderno y pujante del país, sin cuyos ingresos por exportaciones el modelo K vigente no podría financiarse- se organiza y reacciona ante el atropello y los intentos de confiscación.
También la justicia es uno de los sectores claves del país que comparte una mala imagen pública. Al igual que los empresarios, prefirieron ignorar la prédica gubernamental que, ahora, se ha transformado en embate certero. Con la excusa de la necesaria reforma de la justicia, se va por el control partidario de los tribunales y del proceso judicial. El gobierno considera que es la única manera de lograr el perdón judicial de la vicepresidenta. La respuesta de los magistrados ha sido débil. La idea de algunos de sus integrantes de iniciar una campaña pública en defensa de una justicia independiente como soporte del sistema republicano, no ha sido aceptada hasta ahora por las organizaciones que los nuclean.
Sería injusto enrostrarle al actual gobierno el origen de la campaña en contra de las empresas y la justicia. Comenzó mucho antes. Además, estos dos sectores poco hicieron para concientizar y lograr el apoyo de la opinión pública. Sin embargo, nunca antes un gobierno como el actual había avanzado tanto en acciones contra la inversión, la producción, el empleo y la justicia.
El círculo se completa con otros anuncios recientes. Luego de denostar públicamente al FMI -principal prestamista de la Argentina-, el gobierno decidió que llamará a juicio a las autoridades del organismo por haber financiado al país durante la administración Macri. En política exterior, el canciller argentino acaba de anunciar que la Argentina se retira del Grupo de Lima en abierto apoyo a la dictadura de Maduro en Venezuela y en desafío a los socios del Mercosur y los Estados Unidos.
Estas medidas recientes muestran a las claras hasta qué punto el gobierno está decidido a desacoplar el país del resto del mundo como parte de su estrategia de radicalización.
Por ahora solo la prensa independiente intenta poner límites, denunciar lo que podría convertirse en inevitable.
La oposición política acompaña por omisión. Los radicales ocupados en sus internas, Horacio Rodríguez Larreta convencido de que puede evitar asumir el liderazgo hasta 2023, y María Eugenia Vidal que duda, son factores que han llevado al resurgido ex presidente Macri o ocupar el espacio vacante, con el beneplácito del gobierno, que prefiere confrontar con una figura con baja aceptación pública.
Persiste un elemento estructural que fortalece la presencia del modelo k-fernandista vigente: una parte significativa de la población no conoce otra opción que el subsidio estatal permanente para sobrevivir que, al orientar el voto en las elecciones, penaliza la emergencia de liderazgos dispuestos a implementar reformas destinadas a romper el largo ciclo de la decadencia del país. Así, la política argentina se percató de que se pueden ganar elecciones estando cada vez peor, con más pobreza y marginalidad.
El constante aumento del subsidio a la pobreza como método para intentar perpetuarse en el poder, la ausencia de liderazgos políticos progresistas que busquen modificar el status quo y la renuncia de los sectores económicos y las instituciones republicanas a poner límites al atropello, han facilitado el avance del modelo k-fernandista, que estrena ahora su nueva etapa de radicalización, ante la necesidad de perpetuarse en el poder a pesar de la mala gestión pública del gobierno y la caída en la imagen del presidente.