Por Matteo Goretti
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Uno de los casos más resonantes es el que habilitó la sanción de la ley de bienes personales. Juntos por el Cambio presentó un proyecto propio y logró que se apruebe en la Cámara de Diputados la convocatoria a la sesión para tratar su iniciativa. Sin embargo, curiosamente no logró reunir a todos sus legisladores, permitiendo al gobierno imponer su decisión, que aumenta considerablemente este impuesto.
La diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR, estuvo ausente por encontrarse en Disney de vacaciones con su familia. Fundamentó su faltazo sosteniendo que el año parlamentario había concluido. Sin embargo, esta diputada había firmado poco antes de su viaje tanto la resolución de la oposición que convocaba a la sesión especial para tratar la reforma impositiva como del proyecto de su bancada sobre el mismo tema.
La otra ausencia de un legislador opositor que permitió la victoria del gobierno en la Cámara de Diputados fue la de Álvaro González, del PRO, que viajó a Alemania para asistir al casamiento de su hija. “Tuve mala suerte”, adujo. González es uno de los legisladores nacionales más experimentados en el manejo de la agenda y los acuerdos parlamentarios, y como tal sabe que no hay que convocar a una sesión ni bajar al recinto si no se está seguro de conseguir las mayorías necesarias.
Esta “omisión” de la oposición le entrega al gobierno un gran regalo: Alberto Fernández tendrá mayores ingresos fiscales y, a la vez, podrá gastarlos o distribuirlos de manera discrecional, sin la participación del Congreso.
En efecto. Recordemos que la oposición había logrado rechazar el proyecto de presupuesto enviado por el ministro de Economía Martín Guzmán. En el texto, el gobierno había incorporado las escalas del impuesto a los bienes personales, que debería haberse presentado en una ley aparte. El rechazo parlamentario a esta iniciativa le daba al Poder Ejecutivo la posibilidad de repetir el año próximo el presupuesto de 2021, pero sin contar con los nuevos ingresos tributarios que había incorporado en el proyecto fallido.
Con la aprobación de la ley tributaria, ahora el presidente Alberto Fernández tendrá más ingresos y, al mismo tiempo, la posibilidad legal de distribuirlos como se le antoje; el mejor regalo de Papá Noel para un político argentino. Quizás para cubrirse de las quejas recibidas, la oposición presentó luego un planteo de ilegalidad de la sesión del Senado que le dio sanción definitiva a las nuevas escalas del impuesto a los bienes personales, con resultado incierto.
Con este panorama, no debería extrañarnos que el Poder Ejecutivo vuelva a presentar el año próximo un proyecto de presupuesto parecido al fracasado, porque la enorme diferencia entre la inflación que allí se contempla con la real proyectada le dará más recursos para gastarlos de manera discrecional, un truco que históricamente han utilizado por igual las dos coaliciones cuando gobiernan.
La creación de más de 25.000 empleos estatales en la provincia de Buenos Aires también fue aprobada por el kirchnerismo y Juntos por el Cambio mediante la reciente sanción del presupuesto provincial. Gobierno y oposición justificaron el acuerdo en que muchos de los nuevos cargos serán ocupados por personal que revistaba en la función con la modalidad de contrato temporario en la gestión de María Eugenia Vidal, y lo sigue haciendo en la actual de Axel Kicillof. Como les conviene a ambos grupos, lo aprueban a pesar de las consecuencias sobre el déficit y su imposibilidad de financiarlo de manera genuina.
El pacto fiscal que habilita a los gobernadores a subir los impuestos y a crear otros nuevos también fue firmado por el gobierno y la oposición; solo se opuso el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Los gobernadores de la oposición -los tres de la UCR- se comprometieron a través de los medios de comunicación a no aumentar la presión tributaria a pesar de que estamparon su firma en el convenio que los habilita a hacerlo. En 2017 los gobernadores de ambos partidos habían firmado un acuerdo que iba en el sentido contrario, es decir, reducir la presión tributaria a nivel provincial, que ahora se revirtió.
Estos acuerdos que también se proyectan al plano de las conveniencias electorales, como cuando el kirchnerismo y Juntos por el Cambio derribaron días atrás la ley que prohibía a los intendentes bonaerenses a presentarse para un tercer mandato en ese cargo. Solo los legisladores que responden a Sergio Massa y a María Eugenia Vidal votaron en contra de la reposición de este privilegio.
Antes, los auto-regalos que se hacía la política estaban acompañados por gestos simbólicos que simulaban algunas pérdidas propias o prometían concesiones futuras a los sufridos contribuyentes. Esta vez ni siquiera eso.
La repetición de este tipo de hechos nos devuelve una imagen de semejanza entre las dos grandes coaliciones que se alternan en el poder, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Como en el juego de los 7 errores, encontrar las diferencias que los separan es una tarea tortuosa y estéril.Ambos polos impulsan las mismas políticas fundamentales cuando deben gobernar: aumento persistente de la presión tributaria y de la emisión monetaria por el crecimiento del gasto público. Como es de esperar, también generan las mismas consecuencias: caída de la inversión, inflación descontrolada, pérdida del salario real, destrucción de empleos de calidad y mayor informalidad laboral, salto en los niveles de pobreza e indigencia, fuga de capitales, apetito por el dólar e imposición de restricciones cambiarias y al comercio. Las diferencias entre ambos grupos quedan reducidas a los encendidos discursos públicos y los debates durante las campañas electorales, en los que aflora la grieta.
De este modo, la política argentina se ha vuelto conservadora, generando cierta previsibilidad repetitiva en la dinámica de su funcionamiento. En efecto, los líderes de ambas coaliciones consideran que es mucho más rentable para ellos mantener las mismas políticas (o incluso avanzar hacia atrás, como la devolución a los intendentes del privilegio mencionado más arriba) que afrontar los desafíos de reformar el país, conscientes de que podrán seguir alternándose en el poder a pesar de que la situación económica y social siga empeorando. Por lo tanto, siguen haciendo lo mismo, logrando resultados similares.
Volviendo al contexto actual, notaremos que estos acuerdos estructurales entre los que gobiernan y los que dicen oponerse han fortalecido, por ahora, al oficialismo, que a pesar de sus desaguisados y las crecientes tensiones internas ha logrado profundizar el rumbo. Quedó muy lejos su derrota de octubre. En el caso de Juntos por el Cambio, la falta de un liderazgo, la división entre sus facciones, la dificultad de lograr posiciones unificadas en temas claves y su mala praxis política, interpela su capacidad de construir una alternativa electoral exitosa.Por ahora, sus chances de volver al poder están asociadas, más que al mérito propio, a la mala gestión del gobierno y a la caída de la imagen de los dirigentes del oficialismo.